El Proyecto de Investigación “Transparencia, control de la gestión pública y respuestas jurídico-penales en relación a la corrupción privada” (PID2019-110864GB-I00) ha estado presente en el “XVII Encuentro internacional sobre temas penales contemporáneos en La Habana (Cuba) celebrado durante los días 10 a 14 de julio de 2023. Dicho evento ha enmarcado el XII Fórum Iberoamericano sobre Derecho Penal Económico y nuevos actores económicos”; el “I Encuentro Internacional de Criminología 2023” y el “VIII Seminario Internacional sobre el Derecho penal y la Criminología. Su práctica en Cuba, Ecuador y México en el Siglo XXI”.
El martes 11 de julio, el Prof. Lorenzo Morillas Cueva, Catedrático de Derecho Penal, Profesor Emérito de la Universidad de Granada e Investigador Principal del Proyecto, intervino abordando “La discutible política criminal de las últimas reformas penales españolas. Política criminal y corrupción”. A lo largo de su extensa intervención, valoró, en primer lugar, desde una exposición conceptual, los diversos entendimientos y alcance de la política criminal, para situarla en el binomio dogmática-política criminal, y exponer después las más relevantes y recientes reformas del texto punitivo español, con dedicación final a la parte mas importante de la ponencia, para el Proyecto: Política criminal y corrupción, sobre la base de aquella en el tratamiento de dicha corrupción a nivel internacional y nacional.
El miércoles 12 de julio, en el marco del “I Encuentro internacional de Criminología 2023”, intervino el profesor Borja Mapelli Caffarena, Catedrático de Derecho Penal e investigador del Proyecto, con la ponencia “Nueva penología y delitos de corrupción”. Durante su exposición planteó las importantes deficiencias presentes en la articulación del sistema de penas con relación a las conductas corruptas; concretamente, observó que el legislador establece penas de diferente naturaleza que, sin embargo, no resultan coherentes con las previstas para el resto de conductas por el Texto punitivo. Además, argumentó que, cuando el Código Penal opera sobre la base de un delito que no tiene un bien jurídico considerado importante, no debería ejercer con tanta severidad el recurso a la pena de privación de libertad, debiendo plantearse otras fórmulas. Especial atención para la pena de prohibición de contratar con el sector público.
